Control de la corrupción en Colombia: avances y desafíos en la última década

Introducción

La corrupción es un fenómeno que ha afectado a la mayoría de países en el mundo, y Colombia no es la excepción. Desde hace décadas, el país ha sido víctima de la corrupción en diferentes niveles del gobierno y de la sociedad. Es por ello que, en este ensayo, se abordará la importancia del control de la corrupción como variable que se enfoca en la capacidad de las instituciones públicas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, y para garantizar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, específicamente en el período comprendido entre 2011 y 2022.

Desarrollo

Según el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, en el año 2011, Colombia ocupó el puesto 80 de 183 países evaluados, con una puntuación de 3.4 sobre 10. En el año 2022, Colombia se ubicó en el puesto 101 de 180 países evaluados, con una puntuación de 3.2 sobre 10. Estos datos muestran que, aunque se ha avanzado en la lucha contra la corrupción en Colombia, aún hay mucho por hacer.

Una de las medidas que se ha implementado para combatir la corrupción en Colombia ha sido la creación de diferentes instituciones y organismos encargados de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Por ejemplo, en el año 2011 se creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), encargada de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el año 2012, se creó la Agencia Nacional de Tierras, encargada de la administración y gestión de las tierras rurales del país. En el año 2017, se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de la defensa de los intereses del Estado en los procesos judiciales.

Además de la creación de nuevas instituciones, también se han implementado medidas para fortalecer las instituciones existentes. Por ejemplo, en el año 2016 se implementó la figura del testigo protegido, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que deciden colaborar con la justicia en casos de corrupción. También se han aumentado las penas para los actos de corrupción y se han establecido medidas para la recuperación de los activos obtenidos de manera ilícita.

A pesar de estas medidas, la corrupción en Colombia sigue siendo un problema. En el año 2020, la Contraloría General de la República identificó más de 2.500 casos de corrupción en el país, que involucraron un monto superior a los 4 billones de pesos. Además, la falta de transparencia en la gestión pública sigue siendo una preocupación. En el año 2019, se presentó un escándalo de corrupción en la contratación de la alimentación escolar, que involucró a funcionarios públicos y contratistas. Este caso evidenció la falta de transparencia en los procesos de contratación y la falta de control en la ejecución de los contratos.

El control de la corrupción es una variable fundamental en la gestión pública de cualquier país, y Colombia no es la excepción. A pesar de los avances en la lucha contra la corrupción en los últimos años, aún se necesita un mayor esfuerzo por parte del gobierno y la sociedad en general para erradicar este problema.

También se debe trabajar en la promoción de una cultura de transparencia en la gestión pública, que incluya una mayor participación ciudadana y una rendición de cuentas efectiva por parte de los funcionarios públicos.

Es necesario destacar que el control de la corrupción no solo implica la sanción de los actos de corrupción, sino también la prevención de los mismos. En este sentido, es importante trabajar en la implementación de medidas de control y fiscalización en los procesos de contratación pública y en la promoción de una cultura ética en el sector público.

Por último, es importante destacar que la lucha contra la corrupción es un proceso continuo y que requiere del compromiso de todos los actores sociales. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, en la que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de todos los ciudadanos.

Autores:

Ana María Miranda Tapias. Docente de la Institución Educativa Departamental de Básica y Media San Antonio Cerro San Antonio Magdalena.

Reinaldo Adolfo Rico Ballesteros. Líder Apropiación Social. Universidad de la Costa.

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