La gestión sobre la convivencia escolar en Colombia es un proceso imperativo que busca que todas las instituciones sociales existentes articulen su accionar para la mitigación de los conflictos y en caso particular, para esos desencuentros que se suscitan en al ámbito escolar. En esencia, las disposiciones punitivas pretenden la construcción de mejores escenarios de encuentros entre pares escolares. Si bien la  irrupción de los conflictos escolares y su perversa manifestación como es la violencia no es algo nuevo en el territorio colombiano; no menos cierto es la necesidad de prevención  e intervención por los escalofriantes desenlaces que se está evidenciando, tal es el caso del acoso escolar, la exclusión  de la diferencia, el desconocimiento de los Derechos Humanos, el déficit en el manejo de los casos, la interpelación de los medios sobre la eficiencia  de la escuela y el manejo de los conflictos escolares.

Ahora que se generado el retorno de los estudiantes a los centros de formación, como consecuencia de la mitigación del Covid 19;  parecería que cada escenario y la interacción entre los actores, son caldo de cultivo para el conflicto, la violencia, la disrupción, el desconocimiento del otro en la diferencia, entre otros, que pone a la orden del día la existencia de un imaginario que pretende perpetuar los manuales de convivencia como la principal herramienta  punitiva para dirimir los conflictos; dicho en otros términos, es clave la aprehensión de herramientas por parte de actores e instituciones sociales para enfrentar este tipo de situaciones que atentan con la dignidad humana de los actores escolares y tributan a la formación ciudadana. 
 
La movilización u ocupación hacia el fenómeno del conflicto escolar se ha constituido en política pública de interés para el Estado colombiano, pues en el plan de desarrollo 2010-2014, puede leerse que …”  el mejoramiento de la calidad de la educación y la formación para el ejercicio de la ciudadanía constituyen la herramienta fundamental para formar a las ciudadanas y ciudadanos que el país necesita; una ciudadana o ciudadano en capacidad de contribuir a los procesos de desarrollo cultural, económico, político y social y en la sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera, democrática e incluyente” (Plan Nacional de Desarrollo 2010-214 “Camino a la Prosperidad” p. 5). Este hecho permite una reflexión sobre las causales que generaron dicha movilidad. Desde una mirada mediática está el impacto de los medios de comunicación al momento de divulgar una información relacionada con los comportamientos escolares, el señalamiento de padres de familia sobre la perdida de la disciplina y autoridad de las instituciones en la ciudad; mientras que de manera estructural se aprecia que los conflictos escolares y su manifestación nociva como la violencia es fruto de una crisis institucional, sus prácticas y quehaceres que ya no dan respuestas a las incertidumbres por donde transita la sociedad en general. En ese orden de ideas emerge en el país nuevas aristas de investigación en donde la escuela empieza a ser cuestionada en su función social, desde la misma canalización comportamental hacia sus referentes inmediatos como son los estudiantes y de la misma forma como escenario de acceso a la cultura. Hay avances desde el ámbito punitivo en este quehacer, pero aún queda mucho por hacer en el ámbito de la emocionalidad que subyace en la escuela.
 
Feb 2022
Por: Reinaldo Rico Ballesteros. Líder de Apropiación Social del Conocimiento y DTeI. Universidad de la Costa.