La educación en Colombia ha sido concebida históricamente como una promesa: la promesa de un futuro mejor, de una sociedad más justa y de ciudadanos capaces de comprender y transformar su realidad. Esta idea no es solo discursiva, sino que encuentra sustento en el marco normativo. La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 67 que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. Esta declaración no solo define la educación como un derecho, sino que la ubica como un eje fundamental para el desarrollo social y cultural de la nación.

Sin embargo, entre la intención normativa y la realidad educativa persiste una brecha evidente. La educación, en su esencia, no solo transmite conocimientos, sino que también conserva y transforma la cultura. Es el medio mediante el cual una sociedad perpetúa sus valores, pero también el espacio desde donde puede cuestionarlos y reconstruirlos. En este sentido, la educación debería ser entendida como un proceso dinámico que integra pasado, presente y futuro, permitiendo construir respuestas pertinentes a los desafíos contemporáneos.

En los niveles de educación básica y media, la Ley 115 de 1994 orienta la formación de ciudadanos capaces de participar activamente en la vida democrática. Esta ley establece que la educación debe propender por el desarrollo integral del individuo y su formación en valores, preparando a los estudiantes para comprender su rol dentro de la sociedad. De esta manera, se busca consolidar un ciudadano consciente de su responsabilidad social, capaz de interactuar en contextos democráticos y de incidir en las decisiones colectivas.

No obstante, es en la educación superior donde esta intención adquiere una dimensión más profunda y transformadora. La Ley 30 de 1992 señala en su artículo 1 que “la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral”, y en su artículo 4 afirma que esta debe “despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico”. Estas disposiciones configuran una visión de la educación superior como un espacio para la construcción de pensamiento crítico, la generación de conocimiento y la transformación social.

En este punto, se evidencia una continuidad lógica entre la educación básica y la superior: si la primera busca formar ciudadanos que comprendan su lugar en la democracia, la segunda pretende que esos ciudadanos sean capaces de cuestionarla, mejorarla y transformarla. La educación superior, por tanto, no es simplemente una extensión del sistema educativo, sino una etapa clave en la consolidación de sujetos autónomos, críticos y propositivos.

Ahora bien, reducir la educación superior a su función económica sería limitar su alcance. Aunque es innegable su papel en la formación de profesionales que sostienen las dinámicas productivas del país, su verdadero valor radica en su capacidad de generar pensamiento, cuestionar estructuras y proponer nuevas formas de organización social. En otras palabras, la educación superior no solo responde al sistema, sino que tiene el potencial de transformarlo.

Desde esta perspectiva, la educación se convierte en una de las expresiones más concretas del espíritu transformador de la Constitución de 1991. Una constitución que, en su momento, representó una ruptura con estructuras tradicionales y una apuesta por una sociedad más incluyente, participativa y pluralista. En coherencia con ello, la educación superior debe asumirse como un espacio de permanente transformación, donde se cuestiona lo establecido y se construyen nuevas posibilidades.

Esto implica reconocer que la educación, en todos sus niveles, no puede ser estática. Una educación que no se adapta, que no cuestiona y que no evoluciona, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de reproducción de desigualdades. Por el contrario, una educación crítica y reflexiva abre caminos para la innovación, la equidad y la justicia social.

La verdadera revolución educativa no depende únicamente de las leyes, sino de la manera en que estas se viven en las aulas, en las prácticas pedagógicas y en la relación con los estudiantes.

La educación, más que una promesa, debe convertirse en una experiencia real de transformación. Una experiencia que forme ciudadanos capaces no solo de entender el mundo, sino de intervenir en él con sentido crítico, responsabilidad ética y compromiso social.

La educación es una revolución. 

Autor:
Brayan B. Calabria P.   Docente departamento de humanidades. 

Mgtr. Sonnyer Martínez Moreno – Profesor Universidad De La Costa, CUC

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (1992). Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación.