Es probablemente el conflicto más cotidiano y menos resuelto del aula universitaria contemporánea. El profesor explica, y aproximadamente la mitad del grupo —en el mejor de los casos— mira la pantalla. No siempre por desinterés, conviene aclararlo. A veces miran porque les llegó un mensaje del trabajo. A veces porque están traduciendo una palabra. A veces porque alguien en casa necesita algo urgente. Y a veces, sencillamente, porque el reflejo de revisar el celular se ha vuelto tan automático como respirar. Frente a esa realidad, el docente tiene varias opciones: prohibir, permitir, ignorar, negociar caso por caso. Cada una de esas decisiones tiene consecuencias documentadas, y conviene tomarlas con conocimiento de causa, no por intuición.

La investigación más sólida hasta la fecha proviene de Wharton. Sungu, Choudhury y Bjerre-Nielsen (2025) publicaron un ensayo controlado aleatorizado con casi diecisiete mil estudiantes universitarios. La intervención fue sencilla: en un grupo, los estudiantes debían depositar su celular en una caja al ingresar al aula; en el otro, podían conservarlo. Los resultados fueron consistentes. Los estudiantes sin celular obtuvieron, en promedio, calificaciones mejores en 0,086 desviaciones estándar respecto al grupo de control. Una mejora modesta a primera vista, pero significativa estadísticamente y, sobre todo, no distribuida por igual. El efecto fue mayor en estudiantes de primer año, de bajo rendimiento académico previo y de carreras no STEM. Es decir, justamente los estudiantes que más lo necesitaban. La conclusión de los autores es directa: recoger los celulares al ingresar a clase es una política de bajo costo y efecto medible.

Conviene, sin embargo, no leer este hallazgo como una victoria del prohibicionismo total. La revisión sistemática de Campbell y colaboradores (2024), que analizó veintidós estudios sobre prohibiciones de celular en aula, encontró un panorama mucho más matizado. Algunos estudios reportan efectos positivos. Otros, efectos nulos. Otros, incluso, efectos negativos cuando la prohibición se aplica de manera punitiva o sin explicación. El estudio reciente de Dee y colaboradores (2026), publicado por NBER tras analizar más de cuarenta mil escuelas estadounidenses, mostró algo parecido: las prohibiciones reducen significativamente el uso del celular, pero los efectos sobre el rendimiento académico son limitados cuando la medida no se acompaña de un cambio cultural más profundo en el aula. La evidencia, en conjunto, no dice que la prohibición sea milagrosa. Dice algo más útil: que funciona cuando se diseña bien.

Aquí conviene entender el mecanismo, porque sin entenderlo cualquier política resulta arbitraria. Lo que la evidencia sugiere es que el problema no es el celular en sí, sino la mera presencia del celular como objeto disponible. Cuando un estudiante tiene el teléfono boca abajo sobre el pupitre, parte de su atención permanece dedicada, inconscientemente, a la posibilidad de que llegue una notificación. Esta atención fragmentada, que el estudiante muchas veces no percibe, ha sido medida en estudios sobre carga cognitiva y rendimiento académico. El simple hecho de que el dispositivo esté al alcance, aunque no se use, deteriora la concentración. De ahí que la política más efectiva no sea pedir al estudiante que no lo use —pedido que difícilmente se cumple—, sino retirarlo físicamente del campo visual durante la sesión. La distancia, no la disciplina, es lo que produce el efecto.

Algunas prácticas extendidas, en cambio, no producen los efectos esperados. Confiar en que los estudiantes lo guarden por su cuenta tras una solicitud genérica al inicio del semestre: la evidencia muestra que esto rara vez se sostiene más allá de las primeras semanas. Convertir el celular en arma disciplinaria —quitárselo al estudiante distraído, exponerlo frente al grupo— suele generar resistencia y empeorar la relación pedagógica sin mejorar el rendimiento. Prohibir el celular para luego permitir su uso en tareas específicas: si la política no es clara y predecible, el estudiante mantiene el dispositivo activo todo el tiempo. Lo que la evidencia sugiere que funciona es bastante más sencillo: una política explícita, anunciada desde el primer día, con un mecanismo concreto —una caja en la entrada del aula, un bolsillo de pared, una bolsa común— y una excepción razonable para emergencias familiares o laborales reales. Lo demás es retórica.

La universidad colombiana enfrenta este tema con una capa adicional. Buena parte de los estudiantes universitarios del país trabajan mientras estudian, sostienen económicamente a sus familias, son padres o madres, atienden situaciones que el modelo universitario tradicional no contempla. La regla de la caja a la entrada no puede aplicarse sin sensibilidad a este contexto. Lo razonable, en universidades como la nuestra, es construir acuerdos explícitos al inicio del curso: dos números de teléfono que el estudiante puede tener a la mano durante la clase si espera una llamada crítica, un acuerdo de que en esos casos el estudiante saldrá del aula al recibirla, una norma general de que el resto del tiempo el celular permanece guardado. No se trata de copiar el modelo de Wharton al pie de la letra. Se trata de tomar lo que la evidencia indica que funciona —la distancia física entre estudiante y dispositivo durante la clase— y adaptarlo a la realidad concreta de quien estudia en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, mientras carga responsabilidades que en Pensilvania no existen.

Decidir qué hacer con el celular en clase no es un asunto de moralismo digital ni de nostalgia por el aula del siglo pasado. Es una decisión pedagógica que afecta, según la mejor evidencia disponible, las posibilidades reales de aprendizaje de los estudiantes —y especialmente las de los más vulnerables, que son justamente quienes más se benefician de un aula efectivamente concentrada—. La universidad que renuncia a tomar esta decisión por incomodidad, por miedo al conflicto con sus estudiantes, o por deferencia mal entendida a la autonomía adulta, está renunciando a algo más que a una norma. Está renunciando a la condición material que vuelve posible el tipo de atención profunda que la educación superior promete enseñar. Y ningún discurso sobre pensamiento crítico se sostiene cuando, en la práctica, el aula no logra producir ni siquiera la concentración mínima sobre la que ese pensamiento podría construirse.

Referencias

Campbell, M., Edwards, E. J., Pennell, D., Poed, S., Lister, V., Gillett-Swan, J., Kelly, A., Zec, D., & Nguyen, T. A. (2024). Evidence for and against banning mobile phones in schools: A scoping review. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 1–17.

Dee, T. S., et al. (2026). The impact of cellphone bans in schools on student outcomes. NBER Working Paper No. 34388. National Bureau of Economic Research.

Beland, L. P., & Murphy, R. (2016). Ill communication: Technology, distraction & student performance. Labour Economics, 41, 61–76. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2016.04.004

Beneito, P., & Vicente-Chirivella, Ó. (2022). Banning mobile phones in schools: Evidence from regional-level policies in Spain. Applied Economic Analysis, 30(90), 153–175.

Mendoza, J. S., Pody, B. C., Lee, S., Kim, M., & McDonough, I. M. (2018). The effect of cellphones on attention and learning: The influences of time, distraction, and nomophobia. Computers in Human Behavior, 86, 52–60.

Sungu, A., Choudhury, P. K., & Bjerre-Nielsen, A. (2025). Removing phones from classrooms improves academic performance. SSRN Working Paper. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5370727

Alba Cecilia Linares Soto

Arnold Francisco Díaz Jiménez

Profesores del Departamento de Humanidades – Universidad De La Costa, CUC.

Invitado

Mgtr. Sonnyer Martínez Moreno – Profesor Universidad De La Costa, CUC.