Un acercamiento y posible interpretación de los datos emitidos por el DANE en el 2021, sobre dimensiones alusivas a la participación en las dimensiones relativas a la democracia, generan múltiples interpretaciones e incluso luego de las movilizaciones generadas a nivel nacional por diversos sectores sociales. Al decir de Nicolás Tenzer y bajo la percepción sobre la vinculación del ciudadano en el tejido democrático, salta la necesidad de la ruptura con la sociedad despolitizada, entendida como aquella en la que los ciudadanos se desinteresan de los asuntos políticos y delegan su poder en manos de los políticos y las élites. La despolitización de la sociedad es una amenaza para la democracia, ya que implica una falta de participación y compromiso ciudadano en los procesos políticos.

La sociedad despolitizada está influida por el individualismo y la cultura del consumismo. Según Tenzer, la cultura del consumo ha permeado la sociedad moderna y ha generado una cultura del individualismo en la que los ciudadanos se preocupan más por sus propios intereses y necesidades que por el bien común. Esto ha llevado a una disminución de la solidaridad y la cooperación ciudadana en la política.

Para revertir la tendencia a la despolitización, Tenzer propone fomentar la participación ciudadana y la educación cívica. Según él, es necesario involucrar a los ciudadanos en los procesos políticos, tal como a manera de ejemplo representa el  informe de la Comisión de la Verdad en Colombia como  un documento histórico que busca reconstruir la verdad sobre el conflicto armado que ha asolado al país durante más de cinco décadas. Este informe, de más de 800 páginas, es el resultado de tres años de trabajo de la Comisión, que recopiló testimonios de víctimas, testigos, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y actores armados.

El informe es una herramienta fundamental para la construcción de una paz duradera en Colombia. En él se evidencia la complejidad del conflicto armado y las múltiples causas que lo han alimentado. También se señalan las responsabilidades de todos los actores involucrados, incluyendo el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados ilegales.

Uno de los aspectos más destacados del informe es que no solo se centra en la violencia ejercida por los grupos armados ilegales, sino que también se reconoce la violencia estructural que ha sufrido la población colombiana durante décadas. Esta violencia estructural se refiere a la exclusión social, económica y política de amplios sectores de la población, lo que ha generado un clima de injusticia y desigualdad que ha alimentado el conflicto armado.

El informe de la Comisión de la Verdad también destaca la importancia de la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. La Comisión reconoce que las víctimas son el centro del conflicto armado y que es necesario escuchar sus testimonios y reconocer su sufrimiento para avanzar en la construcción de una paz justa y duradera.

No obstante, el informe también señala los retos que aún enfrenta el país para alcanzar la paz. Uno de los principales desafíos es la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en 2016. Aunque este acuerdo ha permitido la desmovilización de la guerrilla más antigua de América Latina, la implementación del acuerdo ha sido lenta y ha enfrentado obstáculos políticos y legales.

Otro reto es la necesidad de avanzar en la reparación de las víctimas y en la garantía de no repetición. La Comisión de la Verdad reconoce que la reparación de las víctimas es fundamental para construir una paz justa y que es necesario garantizar que las causas estructurales del conflicto armado sean abordadas para evitar la repetición de la violencia en el futuro.

En conclusión, el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia es una herramienta fundamental para avanzar en la construcción de una paz duradera en el país. Este informe reconoce la complejidad del conflicto armado y las múltiples causas que lo han alimentado, y señala las responsabilidades de todos los actores involucrados. También destaca la importancia de la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz y señala los retos que aún enfrenta el país para alcanzarla. Es necesario que este informe sea utilizado como base para avanzar en la reparación de las víctimas y en la garantía de no repetición de la violencia. Esta situación coyuntural, se constituye en una instancia académica a través de la cual, en los encuentros y desencuentros sobre el hecho, hagamos sentir que sus opiniones y acciones tienen un impacto en la sociedad. Para ello, se deben fomentar los espacios de diálogo y debate entre los ciudadanos y los políticos, y desarrollar políticas que promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Además, la educación cívica debería ser una parte fundamental del sistema educativo para formar ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia.

Autor: Reinaldo Rico Ballesteros. Líder del Proceso de Apropiación Social del Conocimiento. (Universidad de la Costa CUC) y Miembro del Centro de Investigación Casa del Maestro.