Un comentario incómodo en clase. Un texto académico que toca un tema sensible. Una broma mal calibrada. Una opinión que va en contra de la corriente dominante en el aula. Cualquiera de estos detonantes puede, hoy, desencadenar en cuestión de horas un proceso de cancelación dentro de la comunidad universitaria: capturas de pantalla que circulan, hilos en redes que exigen sanción, peticiones internas para que el profesor o el estudiante en cuestión sea apartado. Lo que rara vez ocurre, en medio del ruido, es la conversación misma. La pregunta sobre qué se quiso decir, en qué contexto, con qué intención y con qué consecuencias. Esa pregunta —la que cualquier comunidad académica debería privilegiar antes que cualquier otra— suele llegar demasiado tarde, si es que llega.

Conviene definir el fenómeno con precisión. La cultura de la cancelación, según Castellanos (2024), se refiere al retiro masivo y rápido de apoyo a una persona, obra o institución a raíz de una conducta considerada objetable, sin que medie un proceso deliberativo que permita examinar el caso con sus matices. No es lo mismo que la crítica legítima. No es lo mismo que la rendición de cuentas. Y, desde luego, no es lo mismo que los procesos disciplinarios formales que toda institución debe sostener cuando hay conductas que efectivamente lo ameritan. La cancelación es algo más específico: la sustitución de la deliberación por la sanción social inmediata. Y es precisamente esa sustitución la que entra en tensión con lo que una universidad, por definición, debería ser.

Noam Chomsky, Margaret Atwood, Salman Rushdie, Martha Nussbaum. Gente que en condiciones normales rara vez firma la misma cosa. Y, sin embargo, en julio de 2020 firmaron juntos —junto a otros ciento cincuenta intelectuales más— una carta abierta publicada en la revista Harper’s que advertía sobre algo que llevaba tiempo gestándose: un clima académico donde la sanción inmediata venía reemplazando al debate (Harper’s Magazine, 2020). El argumento no era de derechas ni una defensa de viejas estructuras. Era, leído con honestidad, una inquietud profundamente académica. La confusión creciente entre desacuerdo y daño moral —decían los firmantes— estaba erosionando justamente las condiciones que hacen posible producir conocimiento. Una universidad que castiga rápido para evitar la incomodidad termina, con el tiempo, formando estudiantes que no toleran el desacuerdo. Y un profesional que no tolera el desacuerdo, conviene decirlo sin rodeos, no es solo un investigador limitado. Es también un mal ciudadano.

El costo pedagógico de este clima es muy concreto, aunque rara vez se mida. Profesores que evitan ciertos temas en clase porque ya saben qué reacción produce mencionarlos. Estudiantes que prefieren no opinar porque cualquier formulación puede ser citada fuera de contexto. Lecturas que se retiran del programa, no porque hayan envejecido intelectualmente, sino porque incomodan. Investigaciones que no se inician por anticipación al ruido que generarían. Esto se llama, en la literatura, efecto enfriador o chilling effect, y está documentado en varias investigaciones recientes sobre el ambiente académico contemporáneo (Schall, 2026). La universidad que se autocensura por miedo no es más segura. Es, simplemente, más pobre intelectualmente. Y forma profesionales que han aprendido, durante cinco años, a callar cuando deberían hablar.

Conviene insistir en una distinción que la conversación pública suele perder. Defender la deliberación universitaria no significa negar que existan conductas que efectivamente merecen sanción. Hay acoso, hay discriminación, hay abusos de poder en el aula, y todo eso debe ser denunciado y procesado por las vías institucionales correspondientes, con garantías para todas las partes. El problema con la cancelación no es que pida rendición de cuentas, sino que la confunde con linchamiento, salta los procesos, prejuzga la intención, y deja a la persona señalada sin posibilidad real de explicarse. La universidad, como cualquier institución que se respete, necesita justicia. Pero la justicia exige proceso, proporcionalidad y derecho a la defensa. Sin esos tres elementos, lo que queda no es justicia: es una asamblea improvisada con poder real sobre la vida de las personas.

Frente a este panorama, la universidad tiene una responsabilidad que no puede delegar. Necesita procesos disciplinarios claros, transparentes y conocidos por todos —no para protegerse del escándalo, sino para garantizar que cuando haya una falta real, esta se procese en serio y, cuando haya un señalamiento injusto, la persona afectada pueda defenderse. Necesita, además, una pedagogía explícita del desacuerdo: enseñar a los estudiantes que sostener una conversación incómoda es una habilidad académica, no una agresión. Y necesita docentes que se atrevan a hacer lo que cada vez cuesta más: introducir temas difíciles, exponer posiciones contrarias a la propia, plantear preguntas que no tienen respuesta cómoda. La libertad académica no se defiende con declaraciones. Se defiende ejerciéndola todos los días.

Pensar la cultura de la cancelación desde la universidad es, en el fondo, pensar qué tipo de comunidad académica queremos sostener. Una en la que el primer impulso ante el desacuerdo sea silenciar al otro, o una en la que el primer impulso sea preguntarle qué quiso decir. Una en la que el error se castigue sin proceso, o una en la que el error se entienda como parte legítima del aprendizaje. La universidad no puede ser un espacio sin reglas, pero tampoco puede convertirse en un tribunal permanente. Su tarea, históricamente, ha sido más difícil y más interesante: sostener la conversación en condiciones de desacuerdo profundo, hasta donde se pueda, todo el tiempo que haga falta. Renunciar a esa tarea sería renunciar a aquello que distingue a la universidad de las redes sociales. Y la diferencia, conviene recordarlo, todavía importa.

Referencias

Castellanos Pulido, J. (2024). La cultura de la cancelación y su impacto en los derechos fundamentales: especial análisis de su afectación a la libertad de expresión. Estudios de Deusto: Revista de Derecho Público, 72(1), 493–498. https://doi.org/10.18543/ed.3114

Delgado, P. (2020). «Estás cancelado». La cultura de la cancelación y sus implicaciones sociales. Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación, Tecnológico de Monterrey.

Harper’s Magazine. (2020, 7 de julio). A letter on justice and open debate. https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/

Mounk, Y. (2023). The identity trap: A story of ideas and power in our time. Penguin Press.

Pontificia Universidad Católica de Chile. (2025). La cancelación bajo el prisma de la libertad, la autonomía y la democracia. https://www.uc.cl/noticias/

Schall, M. (2026). Cancelar la cultura en Occidente: universidades, ámbitos deportivos y sanciones institucionales. Análisis y clasificación de un fenómeno contemporáneo.

Brayan Breiner Calabria Pacheco

Arnold Francisco Díaz Jiménez

Profesores del Departamento de Humanidades – Universidad De La Costa, CUC.

Invitado

Mgtr. Sonnyer Martínez Moreno – Profesor Universidad De La Costa, CUC.